Entrevista a Gabriel Castañares. Director general de Políticas Palanca de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030
Recientemente se ha publicado el documento de Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, ¿en qué consiste este documento y qué ha impulsado su elaboración?
Gabriel Castañares (G.C.): El documento de Directrices Generales supone un primer paso imprescindible del cumplimiento de los compromisos de nuestro país con la Agenda 2030 que pasa de manera inexcusable por la necesidad de acciones y medidas concretas.
Para continuar en este cumplimiento, necesitamos llevar a cabo un proceso de definición abierto a la ciudadanía para definir las medidas a poner en marcha para lograr abordar los desafíos planteados para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta ha sido una de las principales demandas de la sociedad civil desde el inicio, que ha exigido con razón a los poderes públicos la necesidad de avanzar en esa línea. Un compromiso que el actual Gobierno ha asumido en toda su andadura y en cuya tarea ha recibido la colaboración imprescindible de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
Este documento supone un avance en la definición de los grandes retos que tiene España para cumplir los ODS, y de las políticas aceleradoras y las prioridades de actuación necesarias para la consecución de la Agenda 2030. Este documento es un punto inicial que se verá ampliado en los próximos meses, pero que pone la base para la redacción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
¿Qué papel juega el sector agroalimentario en esta estrategia y cómo ha realizado su contribución?
G.C.: Las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible han contado con una serie de aportaciones imprescindibles a lo largo de estos meses por parte de todos los Ministerios, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales, de la sociedad civil, del sector privado, de niños, niñas y adolescentes y del resto de actores fundamentales, consiguiendo un documento participado de forma amplia.
Las aportaciones de la sociedad civil se han canalizado a través del Consejo de Desarrollo Sostenible, en donde las organizaciones de agricultores y ganaderos forman parte como vocales del Consejo.
En lo que respecta las consultas al sector privado, se ha realizado desde nuestra Secretaría de Estado para la Agenda 2030 una consulta empresarial en colaboración con la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, donde han participado empresas relevantes del sector de la industria alimentaria, además de asociaciones empresariales y de trabajadores autónomos con una amplía representatividad que también integran al sector agroalimentario.
¿Qué impacto ha tenido la COVID-19 en la Unión Europea con respecto a la agenda?
G.C.: La COVID-19 ha supuesto una emergencia sanitaria global, con desafíos locales sin precedentes, con un coste dramático traducido en la pérdida de vidas humanas que ha derivado en una crisis social y económica que afecta de forma más intensa en los países y colectivos más vulnerables y que la estamos viendo traducida en términos económicos y sociales. La pandemia ha demostrado nuestra vulnerabilidad como individuos y como colectivo poniendo en evidencia como el injusto e insostenible reparto de los recursos y del poder existente que genera importantes fracturas sociales y ecológicas, sacudiendo los propios cimientos de la Unión Europea, tal y como ha reconocido la propia Comisión.
En este sentido, la respuesta de la Unión Europea y del Gobierno de España, diametralmente opuesta a la puesta en marcha durante la anterior crisis, ha puesto sobre la mesa planes de recuperación con los que reconstruir las economías globales afectadas por el impacto de la pandemia de la COVID-19.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España servirá para modernizar nuestra economía, recuperar el crecimiento económico y crear empleo para una reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente. Este Plan, como no puede ser de otra forma, se inspira en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, se integrará como parte de las actuaciones globales que plantea la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
Alcanzar los ODS es el mayor reto actualmente. ¿En general, en qué situación se encuentra nuestro país y cómo podemos mejorar para alcanzarlos?
G.C.: Un aspecto esencial del proceso participativo de redacción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible es identificar los retos de nuestro país para alcanzar los ODS, así como las soluciones para poder mejorar y alcanzar los objetivos y metas planteados por la Agenda 2030.
En este sentido, hemos identificado una serie de nueve retos país con las problemáticas de mayor calado de carácter estructural y que tienen un mayor grado de impacto sobre los objetivos y metas de la Agenda 2030. Entre estos retos país hemos identificado problemas transversales como la pobreza, la emergencia climática o la revitalización del medio rural, entre otros.
Para cada uno de estos retos país se han identificado una serie de políticas aceleradoras del desarrollo sostenible, que definen un marco amplio de medio y largo plazo articuladas a través de unas prioridades de actuación que permitan llevar al terreno concreto las respuestas específicas a los retos país.
¿Y el sector agroalimentario?
G.C.: En lo que respecta al sector agroalimentario dentro del documento de Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se han diagnosticado importantes ámbitos de mejora en varios de los retos que nuestro país tiene por delante para cumplir con la Agenda 2030. Para dar respuesta a estas problemáticas, dentro de las prioridades de actuación se han identificado tres medidas clave para poder alcanzar los objetivos planteados.
Una primera medida el impulsar medios de producción y consumo sostenibles y una economía circular, fortaleciendo los mercados de proximidad alimentarios y con base agroecológica. Otra sería la promoción de una transición ecológica justa del sector primario, del sector secundario y del sistema agroalimentario, contribuyendo a un desarrollo territorial sostenible y cohesionado. Finalmente, dentro de la lógica relación del medio rural y el sector agroalimentario, impulsar procesos de dinamización socioeconómica locales, basados en la sostenibilidad y en las oportunidades que ofrece la digitalización.
En el corto y medio plazo estas prioridades deben encauzarse en las diferentes normativas y creemos será un punto importante el actual Proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, actualmente en trámite parlamentario. Esta ley debe servir para garantizar la protección de los agricultores y ganaderos, evitar situaciones de ventas a pérdidas o la destrucción de valor a través de toda la cadena alimentaria, todo ello poniendo freno a situaciones de competencia desleal y abuso de posiciones dominantes, con la máxima transparencia posible en la firma de nuevos contratos.
Esta nueva norma, debe ser efectiva y dar respuesta a las peticiones de las organizaciones agrarias de unos precios justos que acaben con las situaciones insostenibles de prácticas abusivas.
Por último, ¿qué papel juega la I+D+I en la contribución a hacer realidad la agenda 2030?
G.C.: La I+D+I juega un papel fundamental en la Agenda 2030, con un papel destacado en varios de los ODS. Para la consecución de estos objetivos y metas, el Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación es uno de los actores sociales que más están contribuyendo con responsabilidad y compromiso, configurándose como un mecanismo clave para la aceleración del cambio social, mediante la formación y la concienciación de la ciudadanía.
Un elemento clave en todos los procesos de I+D+i será la digitalización que en el caso del sector primario y de las comunidades rurales, hemos identificado como un aspecto prioritario de las actuaciones de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, para poder crear ecosistemas de inteligencia territorial colectiva en áreas rurales y pequeñas ciudades que permitan reducir las brechas existentes entre los grandes centros urbanos y el medio rural y contribuir a un medio rural vivo que afronte de forma eficaz el reto demográfico existente.
