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El centro ‘Alameda del Obispo’ (Córdoba) del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha participado activamente en un estudio dirigido a potenciar el carácter ambiental de la actividad agrícola como sumidero de dióxido de carbono (CO2). En concreto, el trabajo del Grupo Operativo Nacional ‘Carbocert’ se ha enfocado a la búsqueda de medidas que eleven la capacidad que tiene la agricultura de retirar este gas del ambiente (carbono atmosférico) y fijarlo en el suelo (carbono orgánico) para, de esta forma, potenciar la fertilidad de la tierra al tiempo que se mejora la calidad del aire.
Con la aplicación de las prácticas propuestas por ‘Carbocert’ en las superficies actuales de cultivos, se estima que la actividad agrícola secuestraría hasta un 43% más de dióxido de carbono del que produce. En concreto, se alcanzaría un secuestro de carbono potencial en suelo cercano a las 56 millones de toneladas de CO2, cifra que equivale al CO2 que emiten 14 centrales térmicas cada año.
Las principales conclusiones de este grupo de trabajo, en el que ha participado también personal de UNE, Aenor, Asaja, IRTA y AEAC.SV, se han plasmado en una guía dirigida a los agricultores. Este documento ofrece información de utilidad para que los productores escojan las prácticas que mejor se adapten a su actividad en función de los cultivos y las características fisicoquímicas de su explotación.
Entre las actuaciones que se aconsejan se encuentran técnicas relativas a implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva, incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos y fomento de rotaciones con cultivos mejorantes.
La guía describe, con sencillez y claridad, cómo deben realizarse cada una de las técnicas en los seis cultivos de referencia del entorno mediterráneo (trigo, olivo, vid, cítricos, almendro y arroz). En total, estas plantaciones ocupan alrededor de siete millones de hectáreas que suponen más del 40% de la superficie agrícola nacional. Por tanto, el proyecto presenta un gran potencial para el establecimiento de actuaciones que avancen en la lucha contra el cambio climático y puedan tener aplicación directa tanto en España como en el resto de países del arco mediterráneo.
