Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez
La semana del 19 al 23 de octubre fue pródiga en relación a lo que podría suponer la reforma “más verde” de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027, que no entrará legislativamente en vigor hasta el año 2023, como sabemos.
En la madrugada del martes 21 de octubre, tras 42 horas de deliberación y trueque, bajo presidencia alemana, la ministra de Alimentación y Agricultura de ese país, Julia Klöcker, logró sumar a la gran mayoría de sus homólogos de los 27 (salvo Lituania, que votó en contra, y Letonia, Bulgaria y Rumania, que se abstuvieron) a un acuerdo político común sobre la reforma de la PAC de los próximos años, que pondrá un mayor énfasis que hasta ahora en “lo verde” para el cobro de ayudas al campo.
Dos días después, el viernes 23 de octubre, la sesión plenaria del Parlamento Europeo dio también su visto bueno por mayoría holgada a los tres reglamentos de aplicación de la PAC. Así, se dejaba el camino expedito para que en este mes de noviembre se inicien las negociaciones a tres bandas (el trílogo CE, PE y Consejo), que podrían durar hasta los primeros meses de 2021 antes de llegar a un consenso entre los documentos adoptados por cada una de las instituciones, teniendo como base la propuesta de la Comisión Europea.
Tras esto, se deberán aún aprobar los tres reglamentos que contendrá la PAC y, en paralelo a todo este proceso, los Estados miembros deberán concluir, aprobar y presentar a Bruselas sus planes estratégicos nacionales de aplicación de esta política en su territorio, para que la Comisión Europea los revise y, en su caso, dé vía libre entre finales de 2021 y principios de 2022. Desde ahí, hasta su entrada en vigor en 2023, cada Estado tendrá que preparar su legislación interna de aplicación, para lo cual tendrá casi todo 2022, casi un año más.
Todo esto sobre el papel y esperando que no se demore demasiado la aprobación por parte del Parlamento Europeo del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y del Fondo de Recuperación Europeo (“Next Generation EU”). Hasta que no se alcance un acuerdo definitivo sobre los dineros, en torno a los 1,8 billones de euros para siete años, que la UE-27 destinará a los distintos programas y políticas, entre ellas la PAC, todo lo que se diga o haga quedará pendiente del hilo de la confirmación presupuestaria.
Por descontado que con estos dos acuerdos, del Consejo y del Parlamento Europeo, sobre la arquitectura “verde” de la futura PAC se ha dado un par de pasos importantes, pero aún no decisivos, puesto que queda aún lo más difícil, sin pensar que lo anterior lo fuera, mucha tela por cortar y mucha “letra pequeña” que analizar, para que un agricultor o ganadero pueda ni siquiera imaginar cómo le saldrá todo esto a cuenta con dicha reforma, y si le supondrá cobrar más o cobrar menos de ayudas que hasta ahora.
Sin querer ser muy exhaustivos (tiempo habrá de ir desgranando, si es el caso, cada detalle de esta reforma), sí que es factible y hasta conveniente aclarar ya algunos aspectos sobre los que parece que no habrá vuelta atrás.
Ayuda básica y agricultor genuino
Para empezar, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que sustituirá al actual pago básico, seguirá siendo el principal apoyo de los agricultores activos o “genuinos”, para cuya definición se deja puerta abierta a los Estados miembros. Esta ayuda integrará los elementos del actual pago “verde”, a través de una condicionalidad reforzada. Para cobrarla deberán cumplirse ya estrictos requisitos y buenas prácticas en materia de clima y medioambiente.
Sin embargo, la mayor ambición ambiental que se pretende con la nueva PAC conllevará una reducción del porcentaje que supondrá esta ayuda en el presupuesto, desde el 80% actual al 60%, o quizás algo menos, sobre el total de los pagos directos.
Ecoesquemas
Será así porque entrará en escena, a partir de 2023, el nuevo instrumento de apoyo: los ecoesquemas, al que habrá que destinar obligatoriamente entre un 20%, según el Consejo, y un 30%, según el PE, del total de los pagos directos. Se “obligará” a los agricultores a realizar una serie de prácticas, algunas ellas ya se hacen, como las rotaciones de cultivos, el pastoreo extensivo…etc., si quieren sumar ese porcentaje a la ayuda básica a la renta y alcanzar el 80% del actual pago básico. Aunque la inclusión de los ecoesquemas en los planes estratégicos nacionales será obligatoria para los Estados miembros, en principio su aplicación será “voluntaria” para los agricultores. Una manera muy “sui generis” de decir que si no los aplican, tampoco cobrarán ese porcentaje de pago directo.
Este asunto de los ecoesquemas es y será uno de los que traerá más cola en el sector. A pesar de que su aplicación sería bastante flexible, al menos en los dos primeros años, las organizaciones agrarias se quejan, critican, y no les falta razón, de que a los agricultores y ganaderos se les vaya a exigir mucho más esfuerzo y ambición desde el punto de vista medioambiental (con el riesgo de que sus rendimientos productivos se vean mermados), a cambio de, como mucho, llegar a cobrar el mismo nivel de ayudas que hasta ahora. Vienen a decir poco más o menos que si las exigencias medioambientales para llevar a cabo su actividad agraria son mayores, también deberían serlo las ayudas a cobrar, porque si para percibir lo mismo, hay que bajar la productividad, puede que no compense acogerse a los ecoesquemas.
Techo de pagos y pagos redistributivos
Otro de los puntos no exento de dificultades en su aplicación será el “capping” o techo de pagos directos por explotación para que, con lo que se detraiga, poder realizar un pago redistributivo en beneficio de pequeñas y medianas explotaciones agrarias, aumentando su ayuda básica. Tanto la aplicación del “capping”, como el pago redistributivo será de aplicación voluntaria, pero nuestro país, como prevé el MAPA, ha decidido aplicarlos.
En el caso del límite de ayudas directas, el recorte se iniciará a partir de los 60.000 euros por explotación beneficiaria y sobre la parte de apoyo que supere esa cifra, con porcentajes crecientes de disminución hasta los 100.000 euros. Se tendrá en cuenta en el cálculo el coste de todos los gastos por el empleo generado en la explotación. Los fondos que se obtengan de la aplicación del “capping” se destinarían principalmente a un pago redistributivo para las primeras hectáreas de pequeñas y medianas explotaciones.
Mujeres y jóvenes
Dos colectivos de gran importancia para la supervivencia de nuestro sector agrario y nuestro medio rural, como jóvenes y mujeres, mejorarán su trato en la nueva PAC, aunque posiblemente todavía resulte suficiente. En el caso de las mujeres, y por primera vez en esta política común, los Estados miembros deberán garantizar la integración de la perspectiva de género en la preparación, ejecución y evaluación de sus planes estratégicos. Esa discriminación en positivo debería suponer un “plus” de apoyo en defensa de una mayor inclusión y participación de este colectivo en las economías rurales.
En el caso de los jóvenes, su incorporación a las empresas agrarias es simplemente vital. Desde el Parlamento Europeo se insta a los Estados miembros a utilizar al menos el 4% (frente al 2% que mantiene la CE y el Consejo en sus propuestas) de los pagos directos a apoyar a este colectivo y que el complemento por hectárea se conceda durante los siete años siguientes a su incorporación. También se demanda medidas específicas y un apoyo prioritario a las inversiones que realicen tanto los jóvenes, como los nuevos agricultores, y que las ayudas a la primera instalación en el reglamento de Desarrollo Rural puedan llegar hasta 100.000 euros.
Asesoramiento agrícola
Ante los importantes cambios que se vaticinan en la próxima PAC, con esa mayor ambición climática y medioambiental, otro aspecto importante será el asesoramiento a los agricultores y ganaderos. Los eurodiputados respaldaron el plan de la Comisión para obligar a todos los Estados miembros a establecer servicios de asesoramiento agrícola que informen a los agricultores activos sobre todos los requisitos y condiciones relacionados con las subvenciones, las formas de prevenir la resistencia a los antimicrobianos y la disponibilidad de apoyo a la innovación y tecnologías digitales.
Además, quieren asesores especialmente capacitados que ayuden a aumentar la competitividad, producción y prácticas ecológicas de las explotaciones agrarias; que les informen sobre las organizaciones de productores y la seguridad agrícola; que ayuden a quienes inician una empresa agrícola por primera vez o que desean cambiar su producción, así como que estimulen a los agricultores a reducir el uso de fertilizantes, a gestionar los nutrientes de forma sostenible y a adaptarse mejor al cambio climático.
Al menos el 30% de todo el dinero de la UE que los Estados miembros decidan invertir en servicios de asesoramiento agrícola deberá utilizarse para ayudar a los agricultores a mitigar y adaptarse al cambio climático, fomentar la gestión sostenible de los recursos naturales (como agua, suelo y aire) y proteger biodiversidad, según acordaron los eurodiputados.
Medidas de gestión de mercado y de crisis
Habrá que estar atentos también a las novedades de la próxima PAC en relación a la gestión y regulación de los mercados agrarios. Por citar algunas de ellas, que podrían consolidarse en el trílogo: la creación de un Observatorio Único de la UE para los mercados agrícolas, que recopile no solo datos estadísticos sectoriales, sino que también emita alertas tempranas en caso de perturbación del mercado comunitario; planes de control y gestión de las distorsiones sectoriales y una estrategia de intervención para cada producto agrícola; ampliación de la red de seguridad del mercado; extensión a todos los sectores del sistema de gestión de la oferta y reducción de volúmenes, etcétera.
Capítulo aparte merece la reserva de crisis agrícolas, que se demanda como mecanismo permanente para frenar la excesiva inestabilidad de los precios de mercado. Con un presupuesto inicial de 400 millones de euros, podría añadir más fondos cada año, junto con partidas no utilizadas el año anterior, hasta un máximo de 1.500 millones de euros. Si aún así no fuera suficiente, se activaría como último recurso un mecanismo de disciplina financiera, como el actual, para reducir los pagos directos de agricultores que cobren más de 2.000 euros.
Otras medidas
Además, la futura PAC mantendría las ayudas acopladas a la actividad en sectores con problemas de rentabilidad, con hasta un 13% (más 2% adicional para proteínas vegetales) del total de los pagos directos, al que España que añadiría el sector de la aceituna de mesa; el sector del olivar contará con un plan de intervención sectorial, similar al que ya tienen en la actualidad las frutas y hortalizas, el vitivinícola o la apicultura; se prorrogaría el actual sistema de autorizaciones de plantación de viñedo hasta 2040 (según Consejo) o hasta 2050 (según el PE); seguirá financiando a través de Desarrollo Rural el regadío sostenible y se mantendrán las ayudas a la innovación a través de la Asociación Europea de Innovación (AEI), priorizando la transición digital y la transformación medioambiental, también a nivel de formación, etcétera.
En conclusión, con los documentos acordados por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo se han dado dos pasos importantes en el camino que conduce a la futura PAC de 2023. Queda aún algo más de un par de años nada fáciles para que esta política común se haga realidad en beneficio de nuestros agricultores y ganaderos, y de nuestro medio rural.
