De todos es bien conocido que la Unión Europea ha dado sus primeros pasos para certificar la captura de carbono en la agricultura. Así, la Comisión Europea presentó a finales de 2022 una propuesta legislativa con vistas a crear un marco voluntario de certificación, una manera de adaptación y mitigación ante los efectos del cambio climático, cuyo objetivo es restaurar los ecosistemas e impulsar la economía circular.
Sin embargo, el deseo de crear una legislación europea común, a priori, puede no resultar tan sencilla. En primer lugar, la propuesta ha creado mucha incertidumbre entre el sector alimentario, cuyos productores consideran que el proceso resulta extremadamente complejo y se encuentra lleno de cargas administrativas.
Por otro lado, es lógico pensar que las futuras compensaciones a agricultores, ganaderos y silvicultores por el carbono que absorban en sus explotaciones puedan servir de incentivo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y los costes de certificación de las absorciones de carbono, sin tener en cuenta las reducciones de emisiones de GEI que ya vienen realizando agricultores y ganaderos, pueden disuadir a los agricultores y ganaderos de acogerse a las medidas de apoyo que puedan ofrecerse.
Pero más allá de esta situación, que ya veremos cómo evoluciona, hay otra que también ha de preocupar al sector alimentario, y es la existencia de un negocio complementario basado en las medidas de apoyo a la agricultura baja en carbono.
De hecho, han aparecido ya como setas empresas y asesorías privadas que le calculan al agricultor de a pie de campo la “huella de carbono” de su actividad para ver cuánto emite y cuánto absorbe, una cuestión fundamental para optar a ayudas en el futuro y, sobre todo, posibilidades para mejorar cada situación.
Por todo ello, debería reflexionarse sobre hasta qué punto este marco de apoyo complementario a la agricultura baja en carbono puede ser un incentivo para llevar a cabo otras actividades ajenas que competirían con la que debería seguir siendo central y básica: la de producir materias primas y alimentos para la sociedad en un momento en que está en entredicho la seguridad y asequibilidad del abastecimiento alimentario de la UE en medio de una elevada inflación.
En definitiva, la compensación económica ayudará a los agricultores que se acojan a este marco y cómo se implementará el mecanismo de certificación en la actividad agroforestal resultarán claves en el futuro para continuar dando pasos en este sentido.
Hasta entonces, conviene estar atentos y seguir todo el proceso, pero sin lanzar campanas al vuelo antes de tiempo.
