No es ningún secreto que el sector alimentario es uno de los sectores productivos con mayor demanda energética en España, ocupando el segundo lugar en consumo de energía, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 2022, con un 15% de la energía usada por la industria nacional, situándose solamente tras la siderurgia.
Esta dependencia energética ha supuesto en los últimos tiempos un quebradero de cabeza para las empresas, aunque esto viene de lejos. Así, tras la subida de precios de la energía por la guerra de Ucrania las empresas del sector se han visto abocadas a incrementar sus costes de producción y, como consecuencia, transmitir esta alza a sus precios de venta. Este hecho, no es posible negarlo, amenaza la rentabilidad de dichas empresas, que si han venido tomando medidas desde hace un tiempo para mejorar su eficiencia energética, reduciendo considerablemente su consumo energético, también han acelerado en el último año su ritmo de implementación, algo que en ocasiones no ha resultado fácil.
Las corporaciones alimentarias han enfocado sus esfuerzos en producir con maquinaria más eficiente en sus plantas de producción, utilizar vehículos y herramientas eléctricas y avanzar hacia las energías renovables. Tanto es así que el 42 % de la energía que se generó en España en el año 2022 ya fue renovable, y pronto llegaremos al 50 %, según señalaba Jorge Palomar Herrero, responsable Global de Desarrollo de Hidrógeno de Iberdrola, durante la jornada ‘Nuevas fuentes de energía, ¿solución o problema?’ organizada por el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS).
Sin embargo, todavía queda mucho por avanzar en este sentido, pero siempre teniendo claro como las nuevas fuentes de energía son, sin duda, la solución a esta problemática sin que exista otro camino para el crecimiento del sector.
La pregunta entonces es, ¿cómo podemos avanzar aún más para lograrlo?
No todo dependerá de la industria alimentaria. Para ello, las administraciones públicas deben ser conscientes de la necesidad de una mayor inversión de fondos en I+D para lograr una transición total hacia un modelo energético más sostenible, acorde con los propósitos del Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Más allá de las ayudas directas en momentos puntuales, creo que es necesaria una estrategia a largo plazo desde las políticas públicas para seguir impulsando la competitividad del primer sector industrial del país en materia energética. Una opción sería la actualización de la Ley de Industria a un nuevo marco energético acorde a las necesidades del sector, su cadena de suministro y de las industrias auxiliares.
Y, para finalizar, tampoco podemos olvidar el importante papel que representa la innovación para un desarrollo energético sostenible, donde un mayor apoyo de las administraciones permitiría a las empresas desarrollar alternativas energéticas suficientemente potentes y eficientes, como el hidrógeno renovable o la producción de biometano, donde España tiene un gran potencial, pero no solo, aún nos queda mucho por andar en este sentido y el camino tenemos que hacerlo entre todos.
