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A la espera de que comience la nueva legislatura, esta última se cierra con un balance muy negativo para la investigación en nuestro país
Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez
En los últimos días hemos conocido que el déficit español superará el 5%, a pesar de que el gobierno había asegurado a Bruselas que se limitaría al 4,2%, lo que augura un fuerte ajuste para la nueva legislatura, aunque me temo que la inversión en I+D+i no ha sido la causante de este incremento en el gasto público. Las prioridades son otras, que tienen resultados a corto plazo para las autoridades que las realizan y réditos políticos mucho más interesantes para los partidos políticos. Un lujo que no nos podemos permitir en estos momentos y sobre todo de cara al futuro.
El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que aplicará de forma rigurosa la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las CCAA, de modo que se penalizará a aquellas que incumplan el límite de déficit. Teniendo en cuenta que una parte importante de los recursos que se destinan a la I+D+i provienen de programas europeos sujetos a cofinanciación por parte de la Administración General del Estado y de las CCAA, estamos seguros de que esto penalizará los futuros presupuestos de las investigaciones que tendrían que realizarse en nuestro país, si realmente queremos un sistema alimentario competitivo, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Mientras España reduce año a año la inversión en I+D+i considerándola como un gasto superfluo Europa, con una media de inversión del 2% del PIB, aboga por aumentar los fondos dedicados a la I+D+i hasta el 3% del PIB. España, con una media de inversión en 2013 del 1,24% del PIB, limita sus ambiciones al 2%. Hay que tener en cuenta que entre 2010 y 2013 España ha perdido 10.000 investigadores que han abandonado su actividad o se han marchado a otros países, a consecuencia de la reducción de la inversión en I+D+i de 1.700 millones de euros.
Según el Informe de la Encuesta Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas realizado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), entre 2010 y 2013 el presupuesto de las CCAA para la investigación en las universidades se ha reducido en casi 100 millones de euros y los fondos estatales han descendido en más de 300 millones. Por su parte, la UE ha aumentado estos fondos para las universidades en algo más de 100 millones de euros, sin embargo, este aumento no logra compensar los continuados recortes de las administraciones de nuestro país.
Además de la merma en los presupuestos, otra queja generalizada de los investigadores son los asfixiantes trámites burocráticos y auditorías que deben enfrentar y que en muchas ocasiones consumen hasta el 60% de su tiempo, es decir, tan sólo pueden dedicar a la propia investigación el 40% del tiempo.
Los investigadores alertan de la pérdida de competitividad y de la posibilidad de que España se convierta en un país irrelevante a nivel de investigación y en un consumidor de innovación, en lugar de ser proveedor de la misma, lo que supone una grave pérdida para el país.
