Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez
Los últimos datos conocidos del año 2017 sobre las inversiones del sector agroalimentario destinadas a la investigación, desarrollo (I+D) dan pie a un relativo optimismo. Relativo, porque en este ámbito hay una necesidad continua, perentoria y permanente de mejora y de modernización de la organización y de los procesos de actividad. Y optimismo, porque el aumento de capital inversor y de personal destinado a la I+D agroalimentaria fue de doble dígito porcentual, según las cifras avanzadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo a las mismas, durante 2017 la inversión en I+D interna de las empresas agrarias y agroalimentarias, es decir, de las que cuentan con estructuras propias en este campo, estuvo cerca de 316 millones de euros, un 15% más que el año anterior y un 30% más que en 2014.
El número de personas que trabajó en labores de I+D fue de casi 4.600 , un 15,6% que en el año anterior y casi un 26% más que en 2014, mientras que el número de investigadores creció un 8,5%, hasta 1.619, siendo también un 15,8% al que había en el año 2014. Por último, el número de empresas agrarias y agroalimentarias que llevaron a cabo inversiones en I+D fue en 2017 de 923, un 4,5% y 38 más que un año antes y un 6,2% y 54 más que en 2014.
Es evidente, por tanto, el esfuerzo inversor realizado por la estructura productiva agraria y agroalimentaria de nuestro país en los últimos años, gracias a los programas y planes de ayuda promovidos y cofinanciados por la Unión Europea, con aportación de presupuesto nacional y autonómico. Un esfuerzo que no es suficiente, porque, aunque no estamos a la cola, estamos todavía bastante lejos en relación a nuestro PIB de lo que invierten países comunitarios punteros, como Alemania, Reino Unido, Francia u Holanda.
Otros gastos
Si al gasto en la I+D interna en los sectores agrario e industrial agroalimentario se suma el gasto del sector forestal (algo más de 9 millones de euros), y el de la Administración Pública y de la Enseñanza Superior en la rama de Ciencias Agrarias (en torno a 325 millones y algo más de 100 millones, respectivamente) y de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL) en Ciencias Agrarias (sobre 400.000 euros), se está en alrededor de 750 millones de euros de gasto interno en I+D, ejecutado en el ámbito agroalimentario y forestal en 2017, algo más del 5% del gasto total de investigación en España.
En 2016, el gasto interno de I+D de la Administración pública (324,3 millones) y de la Enseñanza Superior (106,1 millones) en la rama de Ciencias Agrarias, según el INE, se elevó a 324,3 millones y a 106,1 millones de euros, respectivamente, mientras que el de las IPSFL fue de 359.000 euros.
La inversión total de I+D de España en 2017 fue de 14.052 millones de euros, 792 millones y un 6% más que un año antes. Es decir, el sector agrario y agroalimentario está subiendo más porcentualmente en este capítulo inversor que otras actividades productivas o servicios.
El ritmo de avance, como apuntó la Fundación COTEC, fue superior al crecimiento del PIB nominal (+4,3% en 2017), lo que significa que la I+D ha ganado peso en el conjunto de la estructura productiva española por primera vez en los últimos años, situándose en un 1,20% del PIB, frente al 1,19% en 2016, lejos aún del objetivo del 2% sobre el PIB que se plantea alcanzar para 2020, que aún parece un reto bastante lejano de lograr en la práctica.
La recuperación económica, que se inició años atrás, ha empezado a calar y trasladarse a las cifras de inversión en I+D, siendo de nuevo gracias al gasto empresarial, que aumentó un 8,2% el que contribuyó de forma más decisiva a que el dato fuera positivo, frene a una recuperación mucho más moderada de la inversión de I+D del sector público (Administraciones y Universidades) que aumentó un 3,4% en su conjunto.
Si hasta ahora la brecha de inversión en I+D de España con la Unión Europea venía ensanchándose, en 2017 al menos eso no ha sucedido. En la UE-28, la inversión en I+D en términos generales fue de media del 2,07% sobre el PIB y la previsión es alcanzar el 3%, un objetivo que queda también bastante lejos.
En España, la inversión en I+D se situó en 2017 en un 58% de la media comunitaria, muy lejos todavía del 72% que alcanzó en 2008, tras recuperar desde el año 2000 a 2008 una distancia de 21 puntos porcentuales. Por habitante, esta inversión es aún de apenas 302 euros anuales, frente a los 622 euros de media de la UE-28.
Prioridad política
No es una cuestión de potencial económico del país, sino de prioridades políticas para destinar recursos financieros y humanos en este ámbito. España es uno de los pocos países que no han recuperado aún los niveles de inversión en I+D previos a la crisis económica y financiera de 2008. Según la Fundación COTEC, mientras que en el periodo 2009-2017, España acumuló una caída del 5,8% en la inversión en este ámbito (9,5% de descenso de la inversión pública y 2,3% menos de gasto privado), en Europa fue todo lo contrario, con un aumento medio en ese periodo del 22%, gracias al crecimiento inversor de Alemania (+31%); Reino Unido (+16%) ; Francia (+10%, dato de 2016) o Italia (+12%).
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En inversión pública, España era en 2017 uno de los 10 países de la UE-28 que aún no había recuperado los niveles previos a la crisis, como tampoco su nivel de personas empleadas en estas actividades. En 2017 fueron 216.000, unas 10.000 personas más que en el año anterior, pero aún inferior a las 220.000 del año 2010.
Pero más importante que los datos puntuales de un año determinado es la tendencia seguida durante un periodo. La inversión en I+D interna en el sector agrario ha venido creciendo en los últimos cuatro años (2014-2017), mientras que en el sector agroindustrial alimentario lleva con aumentos desde el año 2015, no esperándose ninguna quiebra en este avance al respecto durante el pasado año 2018, sino más bien todo lo contrario.
Las empresas del sector se han dado cuenta que para ser competitivas en un mundo cada vez más abierto y global deben incorporar valor añadido a las materias primas o productos que cosechan, crían, fabrican o elaboran. Y eso solo se hace con I+D y aplicando innovación.
Para ser competitivos en los mercados, no basta ya solo con tener una materia prima o un producto más o menos elaborado de calidad, sino también invertir de manera continua en herramientas y en procesos que mejoren la organización productiva y/o de fabricación en toda la cadena, así como la logística para hacer llegar en las más óptimas condiciones posibles esa materia prima o ese producto a clientes o consumidores. Y eso sin contar con otras inversiones necesarias con las que dar respuesta a las exigencias de estos colectivos en materia social y medioambiental, o en los ámbitos de la salud y el bienestar.
Invertir en innovar
Es de apreciar la inversión en Innovación de las empresas del sector agrario e industrial agroalimentaria. Con datos del INE del año 2016, un 25,5% de las denominadas Empresas Tecnológicamente Innovadoras (EIN) de la rama agraria recurrieron a la financiación pública. En total, fueron 192, mientras que fue un 30,9% y 503 EIN las que la recibieron también el sector de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
Este último sector había en 2016 un total de 1.155 empresas (19,5%) que desarrollaban innovación tecnológica, más que en ninguno otro sector de actividad o servicios, con una inversión total de 595 millones de euros, solo superado por los fondos de la rama farmacéutica y de las industrias de vehículos y otro material de transporte.
En el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) el esfuerzo en innovación tecnológica fue mucho menor, pues solo el 5,4% de las empresas, unas 454, invirtieron en este ámbito, con un gasto en 2016 de 93,24 millones de euros.
Esquema de apoyo público
Esta tendencia positiva de la inversión en I+D+i en la actividad agraria y agroalimentaria se debe, por un lado, según el Ministerio de Agricultura, a las políticas comunitarias para el fomento de la innovación, la investigación y el desarrollo de los sectores agrario, agroalimentario y forestal, que parten de la Estrategia Europea 2020 en un esquema del que se derivan la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”, el Marco Estratégico Común (MEC) y la Política Agraria Común (PAC).
Estas políticas se materializan a través de instrumentos financieros concretos, como el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 (es decir, el Fondo Social Europeo, FSE, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
De la iniciativa “Unión por la Innovación” parte el Programa marco de I+D Horizonte 2020 y las Asociaciones Europeas de Innovación (AEIs) y, a su vez para el sector, la AEI para la Agricultura productiva y sostenible (AEI-Agri). Del MEC parten los programas de financiación de la I+D+i del FEADER, del FEDER y del FSE, y de la PAC parten, en su segundo pilar de Desarrollo Rural, el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y los PDRs 2014-2020.
Por otro lado, la política nacional de apoyo a la I+D+ i en el sector agroalimentario tiene su base en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de la Innovación (2013-2020), que es el instrumento de referencia para la elaboración de los planes de investigación científica y técnica de las distintas Administraciones públicas.
Esta estrategia se articula con las políticas de investigación de la UE y de organismos internacionales, y con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, que financia las actuaciones en este ámbito según las prioridades establecidas por la Administración General del Estado. Y, por último, a escala regional, se incluyen también las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), que proponen y plantean el desarrollo territorial basado en el conocimiento y la innovación.
Al efecto de contar con un diagnóstico claro de las necesidades de I+D+i en el sector agrario, agroalimentario, el Ministerio de Agricultura elaboró en su día el Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal para acelerar y generalizar los procesos de innovación, a través del portal web IDI-a. Tras consulta con las 17 CC.AA. y con 142 entidades representativas y con 34 unidades técnicas del propio Ministerio, se presentaron 72 líneas de innovación e investigación, agrupadas a su vez en 7 ámbitos de actuación: gestión de recursos naturales y medio ambiente; sistemas de producción vegetal, animal y forestal; tecnología de los alimentos y biorrefinerías; calidad de los alimentos y nuevos productos; cadena y economía agroalimentaria; seguridad y trazabilidad, e innovación social.
