Reportaje GIS
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Consejo Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la Unión Europea en el que se instalan los representantes de la variopinta sociedad civil comunitaria, avanzó recientemente tres dictámenes que, en algunos casos, vienen “a poner los puntos sobre las íes” a las propuestas que emanan de la Comisión Europea: “Un enfoque integrado para las zonas rurales de la UE, con especial hincapié en las regiones vulnerables”, cuyo ponente es Josep Puxeu; “De la granja a la mesa: una estrategia alimentaria sostenible”, a cargo del alemán Peter Schmidt, y “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 –reintegrar la Naturaleza en nuestras vidas”, bajo la responsabilidad del italiano Antonello Pezzini.
Sin duda, son tres asuntos de capital importancia para el futuro inmediato de nuestro sector agrario y de nuestro medio rural, en los que el CESE actúa, como es su encomienda, como una especie de “Pepito Grillo” al uso, trasladando a la burocracia de Bruselas las reflexiones y recomendaciones respectivas. Que la Comisión Europea, el Consejo o incluso el Parlamento Europea las tenga en consideración, es otro cantar.
En el dictamen propuesto por el ponente Josep Puxeu se indica que el CESE suscribe sin reservas el Pacto Verde Europeo para impulsar un uso eficiente de los recursos, restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. ¿Quién puede oponerse a eso? Sin embargo, incide sobre el hecho, que tantas veces se obvia, de que “la degradación del medio ambiente adopta dos formas igual de nefastas: una presión excesiva sobre el aire, el agua y el suelo debida a la concentración de la actividad económica en el ámbito urbano y un abandono de amplias áreas del territorio, cuya diversidad biológica y paisajística decae irremediablemente sin una gestión respetuosa que la mantenga y enriquezca.” De otra manera, no es la actividad agraria la única responsable, ni siquiera quizás la más importante, de esa degradación medioambiental.
En el dictamen se plantea un enfoque integrado de actuación, con la creación de un Marco Estratégico Común (MEC) que facilite la acción concertada de los distintos fondos estructurales y de inversión europeos en estas zonas. Unas inversiones que deberían adaptarse a las características de cada territorio para fomentar sinergias en ámbitos como la conservación de la biodiversidad, la gestión del suelo o de la tierra agrícola y forestal, principalmente, y el turismo rural.
La Política Agrícola Común (PAC) no puede actuar por sí sola en este ámbito, y menos si no cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo las “mejores prácticas disponibles.” Para el ponente, “la PAC debe actuar en estrecho concierto con las políticas regionales y de cohesión para instaurar el desarrollo territorial equilibrado como consideración y requisito aplicable a toda decisión política, cuyo impacto tenga un componente local”, señala Puxeu.
En resumen, “una estrategia integral para estos territorios (rurales) requiere de una mayor dotación presupuestaria y de (la aportación de) instituciones que no trabajen de manera aislada, por lo que la coordinación, la integración y el alineamiento de las políticas son claves.” Es decir, justo lo que no se está haciendo ahora, en que cada política aplicada sobre el territorio -o sobre los habitantes que pueblan el mismo- va a su bola.
De ahí que luego los resultados, si es que los hay, respecto a los ambiciosos objetivos que se plantean, sean dispersos, escasos y netamente insuficientes para resolver los enormes desafíos del medio rural, entre ellos la despoblación y el envejecimiento, la carencia o insuficiencia de empleo y servicios, la plena y real digitalización, etc.
El dictamen ve necesario actuar en cinco dimensiones: espacial, impulsando un desarrollo equilibrado que racionalice los flujos entres los polos rurales y urbanos de cada territorio; económica, favoreciendo la descentralización y la diversificación para promover el reequilibro de las rentas; social, garantizando el acceso a los servicios esenciales (educación, salud, transporte o cultura); ambiental, apostando por la agroecología y defendiendo la biodiversidad, e institucional, creación un “ecosistema de acompañamiento” que facilite el desarrollo del resto de dimensiones.
Es un hecho que “la centralización de las oportunidades de desarrollo socio-profesional en las ciudades tiende a relegar en las zonas rurales a las franjas más frágiles de la población”. Y, por ello, desde el CESE se pide construir esos “ecosistemas de acompañamiento” del potencial de la innovación en los territorios rurales para impulsar la diversificación de la economía y tener territorios vivos, creativos, inteligentes, con capacidad de respuesta y que permitan elegir el sitio donde vivir y trabajar de forma digna, tanto en zonas urbanas, como rurales.”
Al respecto, los brotes de la pandemia de la Covid-19 en la UE son un argumento adicional más a favor de un desarrollo territorial más equilibrado y “debería inducir una reflexión al más alto nivel sobre el destino al que aspiramos para nuestras sociedades y la reorientación que necesitamos darles para encaminarnos hacia él.
La mayor resiliencia de las zonas rurales (a la pandemia) ha de servir en este caso como “fuente de inspiración”, y “no utilizarse en modo alguno para justificar la insuficiente oferta de servicios sanitarios que viene sufriendo”. Y así, tras la explosión del teletrabajo, impuesta por el confinamiento, “los planes de recuperación post-Covid abren la oportunidad de consolidar un cambio de paradigma no utópico, en el que puestos de trabajo desmaterializados, con un alto valor añadido, se relocalizan en zonas rurales y de montaña.”
Puxeu apunta la necesidad de un “contrato territorial entre las ciudades y sus zonas (rurales) de influencia como la mejor, si no la única manera de alcanzar un desarrollo económico armonioso, siempre que se establezcan objetivos concretos, tangibles y auditables, así como un horizonte temporal suficiente.”
De la granja a la mesa
Una de las críticas más importantes que hace el CESE en su dictamen a la Estrategia “De la granja a la mesa” es que, tras la crisis que se vive de la Covid-19, la llegada de alimentos desde el campo a la mesa de los consumidores “no es un hecho que pueda darse por sentado” y que “debe aprovecharse como una oportunidad para remodelar la dinámica de la cadena de suministro y lograr mejoras duraderas para los productores, los transformadores y los minoristas.”
Para el CESE, la Estrategia no tiene en cuenta la necesidad de una política alimentaria integral de ámbito europeo que aporte sostenibilidad económica, ambiental y sociocultural; integración entre sectores, ámbitos de regulación y niveles de gobernanza; procesos decisorios inclusivos, así como una combinación de medidas obligatorias (normativas e impositivas) e incentivos (suplementos de precio, acceso a créditos, recursos y seguros) que aceleren la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.
Eso solo puede lograrse, según este dictamen, “con unos precios justos de los alimentos, que reflejen el verdadero coste de producción para el medio ambiente y la sociedad” y, en este sentido, la UE y los Estados miembros deben tomar medidas para garantizar que los precios de producción se mantengan por encima de los costes de producción y que las dietas saludables sean más accesibles, poniendo en marcha todas las herramientas de gobernanza pública, desde medidas fiscales contundentes, hasta enfoques basados en la información para que los costes reales sean visibles.
El dictamen apunta que “el porcentaje de valor de la cadena alimentaria europea que llega a los agricultores cayó del 31% en 1995 al 24% en 2005 y, más recientemente, se ha estimado en torno al 21%”, es decir, poco más de una quinta parte, cuando asume gran parte de los costes de producción.
La UE ha permitido que los precios que reciben los productores se comprimieran por la cortedad de miras en la interpretación del Derecho comunitario de la Competencia, que ha igualado el bienestar del consumidor con el precio posible. Y esto debe modificarse, en particular en los Tratados de la UE.
También se pone el acento en los cambios en la política comercial de la UE y aquí el CESE es tajante: “si no hay cambios en las políticas comerciales de la UE (como sería el caso de una verdadera reciprocidad de las normas en los acuerdos preferenciales), los objetivos de la Estrategia no se cumplirán.”
El CESE vuelve a plantear la necesidad de creación de un Consejo Europeo de Política Alimentaria, con viabilidad financiera, como existen en el ámbito local, que reúnen a diversos agentes del sistema alimentario de una zona específica para afrontar retos, reconectar a las ciudades con la producción alimentaria de las regiones circundantes y garantizar una gobernanza eficaz de las políticas alimentarias locales y regionales.
Biodiversidad 2030
En relación a esta Estrategia, el CESE es meridianamente claro al indicar que la protección de la biodiversidad no puede, desde el punto de vista económico, recaer sobre los agricultores y los propietarios de bosques, enfatizando que “el suministro de este “bien y valor público” debe convertirse más bien en una interesante oportunidad de ingresos para estos.”
Por lo demás, critica que la CE no haya tenido en consideración las recomendaciones continuadas del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la política de biodiversidad, aplicando de forma correcta el marco jurídico, dotando de suficiente financiación las medidas necesarias y redoblando los esfuerzos para recuperar hábitats y combatir el declive de las especies, mediante compromisos constantes de concienciación y comunicación dirigidos a la sociedad y, en particular, a los jóvenes, destacando los aspectos positivos de las acciones de defensa.
El CESE subraya la importancia de la “conectividad ecológica” y, en este sentido, cree necesario crear una red transeuropea de protección de la Naturaleza, corrigiendo esa carencia de la vigente Directiva de Hábitats. Y señala que “la realización de los objetivos de recuperación requiere de nuevos objetivos, jurídicamente vinculantes, y una financiación adecuada y autónoma.”
Muestra su preocupación y lamenta que en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 no haya ni rastro de una integración plena, eficaz y coherente de la biodiversidad, apreciando discrepancias significativas entre las palabras y los hechos y una falta de compatibilidad entre las políticas en materia de agricultura, clima y biodiversidad.
